Éxitos populares y fortalecimiento del Gobierno (septiembre - octubre de 1793)
Después de las jornadas de los días 4 y 5 de septiembre de 1793 la presión popular se mantuvo. La Convención y el Comité de Salvación Pública no se comprometían más que de mala gana en la vía del terror y de la economía dirigida. El impulso popular se ejerció en una dirección doble, retrasando la consolidación del Gobierno revolucionario por causa de una oposición muy fuerte en la propia Convención. Los militantes de las secciones y de los clubs exigían que se reforzase el terror por medio de una depuración estricta de las administraciones y la eliminación de los sospechosos de la vida pública; una represión recrudecida. La crisis continuada de las subsistencias motivaba, por otra parte, su obstinación en cuanto a reclamar una dirección total de la economía y el impuesto general prometido, pero siempre diferido.
El Comité de Salud Pública maniobró durante todo el mes de septiembre aprovechándose del impulso popular para tener a la Convención, y de la Convención para frenar el impulso popular, accediendo a las concesiones necesarias, pero reforzándose poco a poco al mismo tiempo. El 6 de septiembre, Billaud-Varenne y Collot d’Herbois, que habían apoyando las reivindicaciones populares, fueron nombrados miembros del Comité. El 13, el Comité de Seguridad General fue renovado. A partir de entonces el Comité de Salud Pública presentaría a la Convención la lista de miembros. La misma decisión se tomó en relación con los demás comités. De este modo progresaba la concentración gubernamental. Investido de preeminencia y encargado del control de todos los otros comités hasta ahora iguales a éste, el Comité de Salud Pública se convirtió en el centro de la acción gubernamental.
El Terror fue, desde el 5 de septiembre, poco a poco impuesto por la acción popular. Se desarrolló un intenso movimiento de depuración bajo el control de las acciones en la Administración, especialmente en las oficinas de Guerra, bajo el impulso del secretario general del ministerio, Vincent. Los comités revolucionarios fueron renovados por el Consejo General de la Comuna, escapando así a las autoridades de sección. La Asamblea y los propios comités de sección expulsaron de sus filas a todos los moderados, los indiferentes y los tibios. La Convención y los comités de Gobierno, más bien que dirigirla, llevaron a cabo la operación. Pero aun más que la depuración, la represión era lo que excitaba las pasiones populares. La reivindicación terrorista afirmóse, tanto más cuando las autoridades gubernamentales no se decidían a generalizar la represión. Mientras que los comités revolucionarios, a impulsos de la Comuna parisiense procedían al arresto de los sospechosos, los rumores de las matanzas se extendieron hacia mediados de septiembre; el 8, los prisioneros que fueron conducidos a La Abadía declaraban que temían que se renovasen las jornadas del año anterior. La Convención previó el peligro, considerando que podía ser desbordada. El 17 de septiembre de 1793, con el fin de evitar toda interpretación abusiva de las medidas de principio votadas el 5, adoptó la ley de sospechosos a instancias de Merlin de Douai. La ley daba una definición muy amplia de los sospechosos, que permitía llegar a todos los enemigos de la Revolución. Sospechosos, los parientes de los emigrados, a menos que no hubiesen manifestado su adhesión a la Revolución; todos aquellos a quienes se les había negado el certificado de civismo, los funcionarios cesantes o destituidos; sospechosos, en general, lo eran aquellos por su conducta o relaciones, por sus proyectos o escritos que se hubiesen mostrado “como partidarios de la tiranía o del federalismo y enemigos de la libertad”; aquellos incluso que no pudiesen justificar sus medios de subsistencia (aquí estaban incluidos los estraperlistas). Los comités revolucionarios estaban encargados de hacer la lista de sospechosos.
La economía dirigida, adoptada en principio el 4 de septiembre, no quedó instaurada hasta que presionaron las masas parisienses. El establecimiento de un máximum nacional de granos y harinas, el 11 de septiembre, se juzgó insuficiente. Hacia mediados de septiembre comenzaron de nuevo las concentraciones a las puertas de las panaderías, multiplicándose las peticiones; el 22, las secciones, apoyadas por la Comuna, presentaron una solicitud a la Convención: “Habéis decretado en principio que todas las mercancías de primera necesidad eran sometidas al impuesto… El pueblo espera vuestra decisión con la impaciencia de la necesidad”. En vista de las disensiones, con una violenta oposición, que se producía en el seno mismo de la Convención, y con el fin de tener asida a la Asamblea por el miedo al poder popular, al cual se le daba una satisfacción de este modo, el Comité de Salud Pública se decidió a fortalecer la dirección de la economía. La ley del máximum general fue votada el 29 de septiembre de 1793. La ley tasaba las mercancías y los salarios. Las mercancías de primera necesidad quedaban sometidas al impuesto de los distritos al precio medio de 1790, aumentado en una tercera parte. Aquellos que contraviniesen esta orden quedarían incluidos en las listas de los sospechosos. Hubiera sido ilógico tasar las mercancías sin tasar al mismo tiempo la jornada de trabajo. La ley fija el máximum de salarios en las Comunas según el impuesto de 1790, mejorado en una mitad. Las dificultades de aplicación de esta ley fueron inmensas. Poner en vigor el máximum general exigía un máximo rigor, una centralización más estricta. Llevó consigo un progreso decisivo del terror y la dictadura.
El fortalecimiento del Comité de Salud Pública marchó a la par. Se manifestó a la vez por la liquidación de los rebeldes y por el silencio impuesto a la oposición en la Convención.
La liquidación de los rebeldes no fue posible más que por las divisiones populares. Jacques Roux, Leclerc y Varlet se habían aventurado en vanguardia; una diana fácil para los tiros de las autoridades gubernamentales, preocupados por no dejarse desbordar. El 19 de septiembre de 1793, el oficioso Journal de la Montagne decía:
“Los movimientos populares no son justos más que cuando la tiranía los hace necesarios. Los desalmados que han aconsejado los movimientos feroces e irregulares para servir a nuestros enemigos o satisfacer sus intereses particulares siempre se han cubierto de vergüenza y desprecio”.
El Comité de Salud Pública, para la eficacia de su política, creía que no debía tolerar esos movimientos irregulares, es decir, el impulso a veces desordenado de las masas. Jacques Roux fue detenido por segunda vez el 5 de septiembre de 1793 por denuncia; esta vez no se le soltó. Varlet corrió la misma suerte. Fue detenido el 18 de septiembre de 1793 por orden del Comité de Seguridad General, por haber dirigido la oposición de la sección de los Derechos del Hombre contra el decreto que limitaba las asambleas de sección a dos por semana:
“¿Queréis cerrar los ojos del pueblo, debilitar su vigilancia? ¿Y en qué momento? Cuando los peligros de la patria le obligan a colocar en vuestras manos un inmenso poder que exige una vigilancia activa”.
Leclerc proseguía, no obstante, su campaña antigubernamental en el Ami du peuple. Denunciando a los jacobinos, con amenaza de arresto, suspendió la aparición de su hoja el 21 de septiembre. Quedaba la Sociedad de Mujeres Republicanas Revolucionarias, dirigida por la actriz Claire Lacombe; quedó disuelta el 20 de octubre de 1793, y los clubs femeninos, prohibidos. Así, la lógica de los acontecimientos arrastraba al Comité de Salud Pública a dominar las organizaciones populares, lo que no podía sino producir una larga hostilidad respecto del Gobierno, que se preocupaba poco de la soberanía popular, al menos según y como lo entendían los desarrapados.
Se le impuso silencio a la oposición durante cierto tiempo en el seno de la Convención después de uno de los debates más encarnizados de la Asamblea. Bouchotte anunciaba el 24 de septiembre de 1793 la destitución de D’Houchard, que dirigía el ejército del Norte, vencido en Menin, después de su victoria de Hondschoote. Esta fue la señal de ataque. Thuriot, que había presentado la dimisión al Comité de Salud Pública, se enfrentó a fondo el 25 de septiembre contra la política gubernamental, preocupándose de la economía dirigida y de la depuración, concluyendo: “Es preciso detener este torrente impetuoso que nos lleva a la barbarie”. Esta requisitoria correspondía a los designios secretos de la Convención. Aplaudió y unióse al Comité el representante Briez, que estaba en misión en Valenciennes después que hubo capitulado la plaza. Robespierre puso en el debate todo el peso de su prestigio y elocuencia:
“Yo os digo que aquel que estaba en Valenciennes cuando entró el enemigo no ha sido hecho para ser miembro del Comité de Salud Pública. Esto puede parecer duro, pero lo que aún es más duro para un patriota es que desde hace dos años 100.000 hombres han sido degollados por traición y por debilidad; es la debilidad para los traidores lo que nos pierde”.
La Convención, subyugada, mantuvo la confianza en el Comité de Salud Pública.
El fortalecimiento del Comité procede de esos debates. El 10 de octubre de 1793, según el informe de Saint-Just, la Convención declaraba revolucionario hasta la paz al Gobierno de Francia. Las bases del Gobierno revolucionario, es decir, la coordinación de las medidas de excepción bajo la dirección única del Comité de Salud Pública, habían quedado establecidas en septiembre. Las necesidades económicas y la admisión del máximum general exigían ahora su establecimiento definitivo. El decreto del 10 de octubre marcaba el primer paso en este sentido:
“Las leyes son revolucionarias, había declarado Saint-Just; quienes las ejecutan no lo son… La República no se fundará más que cuando la voluntad del pueblo soberano aplaste a la minoría monárquica y reine sobre ella por el derecho de conquista. Hay que gobernar con el hierro a aquellos que no pueden serlo por justicia. Es imposible que las leyes revolucionarias se apliquen si el Gobierno mismo no ha sido constituido revolucionariamente…”
En resumen, los ministros, los generales, los cuerpos constituidos han sido colocados bajo la vigilancia del Comité de Salud Pública, que corresponde directamente a los distritos, eje clave de la nueva organización. El principio autoritario arrastraba al principio electivo.
El impulso popular tuvo como consecuencia situar al Terror a la orden del día, organizándolo en el plano político con la ley de sospechosos, por la ley de máximo general en el plano económico. De la crisis de septiembre, que dio un impulso vigoroso al Gobierno revolucionario, el Comité de Salud Pública salió finalmente fortalecido. La primacía del Comité se afirmaba. Pero no se estableció definitivamente sin una serie de nuevas sacudidas.
