El Terror
El Terror organizado en septiembre de 1793 no se puso verdaderamente en marcha hasta octubre por presión del movimiento popular. Hasta septiembre, de las 260 personas que habían sido llevadas hasta el tribunal revolucionario, 66 habían sido condenadas a muerte, o sea una cuarta parte. El triunfo de los desarrapados abrió un nuevo período en la historia del tribunal revolucionario: el 5 de septiembre fue dividido en cuatro secciones, dos de las cuales funcionan simultáneamente. El Comité de Salud Pública, reunido con el de Seguridad General, propuso la lista de jueces y jurados. Fouquier-Tinville continuó de acusador público. Herman fue nombrado presidente.
Los grandes procesos políticos empezaron en octubre. El 3, según el informe de Amar, los girondinos fueron llevados de nuevo ante el tribunal revolucionario, y María Antonieta, al de Billaud-Varenne. La reina fue guillotinada el 16 de octubre. Su ejecución fue “la mayor de todas las alegrías del Perè Duchesne”. El proceso de los girondinos empezó el 24; el debate amenazaba eternizarse. La Convención decretó que tres días después los jurados podrían pronunciarse; los girondinos perecieron el 31 de octubre. La Campaña terrorista de Hébert se mantuvo durante todo el otoño y contribuyó a exaltar la voluntad del castigo entre los desarrapados. Después de la ejecución del duque de Orleáns, Philippe-Egalité, el 6 de noviembre, Père Duchesne dio sus buenos consejos al tribunal para “que continuase batiendo el hierro mientras estaba caliente y que con toda rapidez hiciese pasar por la navaja nacional al traidor Bailly, al infame Barnave…” En su número 312 alababa las virtudes de la Santa Guillotina y protestaba por adelantado contra la clemencia. Madame Roland fue ejecutada el 8 de noviembre; Bailly el 10; Barnave, el 28. En los últimos tres meses de 1793, de 395 acusados, 177 fueron condenados a muerte, o sea un 45 por 100. El número de los detenidos en las prisiones parisinas elevóse de 1.500 aproximadamente hasta finales de agosto, a 2.398 el 2 de octubre y a 4.525 el 21 de diciembre de 1793.
En los departamentos, el Terror estuvo en función de la gravedad de la Revolución y del carácter de los representantes en la misión. Las regiones que no habían sufrido la guerra civil ignoraban generalmente, al menos hasta finales de 1793, lo que sucedía. En Normandía, por causa del fracaso de la insurrección federalista, no hubo ninguna condena capital, y Lindet recurrió a la reconciliación general. En los departamentos del Oeste, asolados por la rebelión de la Vendée, las comisiones militares, compuestas por cinco miembros, funcionaron en las principales ciudades. Rennes, Tours, Angers, Nantes, para condenar a muerte a los rebeldes que cogiesen con las armas en la mano con sólo comprobar su identidad. En Nantes, el representante en misión, Carrier, dejó que se llevasen a cabo las ejecuciones sin juicio alguno, ahogándolos en masa en el Loira. De esta forma perecieron de diciembre a enero de 2.000 a 3.000 personas, sacerdotes refractarios, sospechosos, rebeldes y los condenados por delitos comunes. En Burdeos la represión fue dirigida por Tallien; en Provenza, por Barras y Fréron, que hicieron ejecuciones en masa en Tolón. En Lyon, el terror correspondía al peligro en que la rebelión de la ciudad había puesto a la República. Fue preciso para reducirla un asedio de dos meses, del 9 de agosto al 9 de octubre de 1793. El 12 de octubre, según informe de Barère, la Convención decretó la destrucción de la ciudad:
“Todo aquello que fue habitado por el rico será destruido; no quedarán más que las casas de los pobres, las viviendas de los patriotas, ahorcados o proscritos… El conjunto de las casas conservadas llevará el nombre, a partir de ahora, de Ville Affranchie ”.
Si Couthon se contentó con ordenar la demolición de las casas de la plaza de Bellecour, Collot d’Herbois y Fouché, llegados el 7 de noviembre, organizaron la represión en escala. Una comisión revolucionaria, que pronunció 1.667 penas capitales, reemplazó a la Comisión de justicia popular por juzgarla demasiado inocente; el fusilamiento y la metralla suplieron a la guillotina, demasiado lenta.
Esencialmente político, el Terror revestía con frecuencia por la fuerza de los hechos un aspecto social: los representantes en misión no podían apoyarse más que sobre la masa de los desarrapados y los cuadros jacobinos. Encargados esencialmente de dirigir la leva en masa, muchos de los representantes se atuvieron a las medidas necesarias para la defensa nacional y la seguridad interior. Otros dieron a su actuación revolucionaria un sentido social marcado, poniendo un impuesto a los ricos y organizando ejércitos revolucionarios, creando talleres y hospicios, aplicando estrictamente el máximo. Así, Isoré y Chasles en el Norte, Saint-Just y Lebas en Alsacia, Fouché en la Nièvre… El 10 de brumario, año ll (31 de octubre de 1793), Saint-Just y Lebas dieron un decreto por el que ponían un impuesto de nueve millones a los ricos de Estrasburgo, dos de los cuales se emplearían en las necesidades de los patriotas indigentes. Dando cuenta a los jacobinos de la misión de Saint-Just, Robespierre declaró el 1 de frimario (21 de noviembre): “Habéis visto que se ha desmantelado a los ricos para alimentar y vestir a los pobres. Esto lo ha despertado la fuerza revolucionaria y la energía patriótica. Los aristócratas han sido guillotinados”.
Los aspectos económicos del Terror no son menos evidentes. En París la Comuna controlaba el reparto de las mercancías, en especial por medio de las cartillas de racionamiento para el pan. Autorizó a los comisarios de la sección de acaparamiento para que girasen visitas domiciliarias; se esforzó porque se respetase la tasa, aplicando las medidas de represión. Destacamentos del ejército revolucionario, creado el 9 de septiembre de 1793 y organizado a principios de octubre, circulaban por las regiones productoras en torno de París; los cultivadores entregaron sus granos. Las autoridades gubernamentales se atuvieron a la legislación existente contra el acaparamiento, rehusando ceder a las presiones de las secciones parisienses; el 23 de octubre de 1793 pidieron en vano a la Convención que instituyese contra los acaparadores un jurado especial elegido entre los ciudadanos pobres. En los departamentos, la aplicación del máximo exigía un rigor mayor: la simple amenaza del Terror era eficaz. No hubo pena capital por motivos puramente económicos. La mayoría de las ciudades imitaron a París, racionando el pan e incluso hasta municipalizar la panadería. Pero el reparto suponía un aprovisionamiento normal. Para coordinar la circulación de las mercancías y estimular la producción, el Comité de Salud Pública instituyó el 22 de octubre de 1793 una comisión de subsistencias con poderes amplios y que tenía vara alta sobre la producción, el comercio y los transportes. Toda la vida económica de la Nación pasaba bajo el control del comité. La fuerza coactiva de que disponían sus agentes y los representantes en misión le permitieron imponer la economía dirigida a los productores y los comerciantes que no querían.
Cuando el Terror tendía a regularizarse bajo el control, cada vez más estricto, del Comité de Salud Pública, tuvo que enfrentarse con una nueva forma del impulso popular, que casi hizo fracasar su posición de dominio y poner en duda la estabilización del Gobierno revolucionario.
